Crónicas de la ínsula

Atropellos en “Noti Ángel” de Pochutla

Cuauhtémoc Blas

Patricia Pacheco Guzmán, periodista de radio en Pochutla, fue despedida de su trabajo cuando cumplía nueve meses de embarazo. En estos días dio a luz. Luego de tres años de laborar en la estación de radio de Pochutla, conductora del programa de noticias “Noti Ángel”, fue separada de su fuente de trabajo el 9 de marzo, cuando condujo por última vez dicho noticiero.
El dueño de la estación de radio “La Voz del Ángel”, XHPX 650 de AM, perteneciente al grupo Radio Solución, S. A. de C. V., Arturo Jalil Vargas, personalmente notificó a la periodista su despido al término del programa de noticias.
Junto con seguridad social y prestaciones de que carece, la periodista sacó a la luz una serie de arbitrariedades con que el empresario maneja la estación de radio, la censura de que la hacía objeto e, incluso, la multa de 500 pesos cuando ella sacaba al aire alguna réplica que por norma tienen derecho los aludidos en alguna noticia.
También salió a la luz el régimen de terror en las estaciones de radio de Jalil Vargas, memorandos con advertencias y limitaciones, y hasta cámaras de video para controlar a los empleados.
En la estación de radio de Puerto Escondido, “La Voz del Puerto”, 870 AM también del grupo Radio Solución, S. A. de C. V. y del mismo Arturo Jalil Vargas, los gerentes han pululado al por mayor, despedidos sin tregua, igual que periodistas y conductores de noticias.
Es impresionante como el propietario de esas estaciones de radio quiere controlar hasta las pausas de los periodistas, estableciendo a quien se menciona y a quien no, como ha declarado la periodista de Pochutla, Patricia Pacheco Guzmán, en franca violación del derecho a la libertad de expresión de los comunicadores y del derecho de información del público.
Precisamente esta connivencia entre empresario radiofónico y el poder político en la región lo ilustra Patricia en su caso pues argumenta que su despido también habría obedecido a las presiones del muy cuestionando presidente municipal de Pochutla, José Manuel Ricárdez, quien desde hace meses exigía a Jalil la separación de la periodista del noticiero.
El presidente de Pochutla, quien llegara a esa posición con el registro del PRD al ser desdeñado por su partido original el PRI, una vez instalado en el palacio municipal y ante la presión de los perredistas locales que querían cobrarle la factura, pronto aceptó volver a su partido inicial. Acusado de corrupción y atropellos, no es difícil que Ricárdez reciba más críticas que aplausos.
Esas críticas es lo que le molesta al edil cuestionado, Ricárdez, pues tanto en la radio como en otros medios donde Patricia Pacheco colabora ha criticado la errática administración municipal de Pochutla.
Habría que discutir si un dueño de estación de radio, depositario en concesión del tiempo aire que pertenece en teoría a la nación, debe conservar este privilegio cuando trabaja exactamente en contra de la sociedad a quien debiera servir y por lo cual el Estado le entrega dicha concesión. Discutir también, al menos, si un dueño de estación de radio puede hacer proselitismo político tan clara y abiertamente en su beneficio.
Lo que está claro desde hace mucho es la conjunción de intereses entre propietarios de radio y políticos. Las ligas de Jalil Vargas con el poder le han dado impunidad, eso salta a la vista ahora. Tanto en Pochutla como en Puerto Escondido los atropellos a los derechos de comunicadores y empleados por parte de Jalil están documentados. Larga es esa relación de agravios en la Costa.
Por lo pronto Patricia Pacheco presentó su demanda laboral ante la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 32. Sin embargo, nada asegura que se haga justicia pues hay quienes tienen demanda en contra de Jalil y sus empresas desde 2004 y no avanzan.
Es el caso del ingeniero Francisco Guerrero, técnico de la radiodifusora de Puerto Escondido, quien después de cuatro años de labores fue despedido. El profesionista alega arbitrariedad en su cese, pues ni siquiera le pagaron su antigüedad como establece la ley del trabajo, y desde hace más de cinco años que su demanda jurídica está sin avanzar.
En la Voz del Puerto han pasaron varios gerentes quienes con cualquier pretexto son despedidos, entre de ellos Sadie Martínez, acusado de fraude por Arturo Jalil. Martínez fue corrido sin pagarle ninguna prestación o retiro.
La licenciada Adriana Camacho; Ignacio Vásquez y Javier Hernández, reporteros; Marlen Guerrero y Jessica Carmona, locutoras; la señora Karina encargada de la limpieza; Agustín Pinacho, jardinero, fueron corridos por Marquelia Velázquez (ahora también ex gerente) y Arturo Jalil, sin indemnización.
La denuncia jurídica y pública de Pacheco Guzmán, sobre todo por la falta de calidad humana del empresario radiofónico, al estar la periodista despedida en el noveno mes de embarazo y cuando su contrato de trabajo vencía en el mes de junio, ha dado realce al caso Arturo jalil, sus abusos, la manera tan desenfadada y caprichosa como maneja sus estaciones de radio.
En su demanda, la comunicadora exige el cumplimiento de su contrato, pago de salarios caídos, desde la fecha de su despido, así como el cobro de varias prestaciones laborales que no le fueron entregadas durante los tres años que laboró para la estación, sobre todo de los gastos médicos por el nacimiento de su hijo. De manera especial destaca su solicitud de reinstalación en su empleo, luego del tiempo de reposo después del parto.
En otra circunstancia Patricia Pacheco tendría casi ganado su caso en tribunales, pero la probada influencia del patrón y su documentada y conocida impunidad por sus negocios con el poder, hacen dudar de algo tal elementalmente justo. Estaremos pendientes.

blaslc@yahoo.com.mx

LAPÍZ VERDE:

Huatulco ¿relanzamiento sustentable?

Floriberto Vásquez Ruiz*

Desde que existe la idea de un México partido en tres; el sur, el centro y el norte, los proyectos de “desarrollo económico” generalmente se han inclinado hacia los dos últimos. Sin embargo, en las últimas tres décadas del siglo XX, los reclamos de los estados del sur se acentuaron y con ello, se buscaron estrategias basadas en la potencialidad de la región. El turismo se convirtió en una actividad prometedora.
A finales de 1970´s y principios de 1980´s, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) creó dos Centros Integralmente Planeados en dos estados meridionales; Cancún en Quintana Roo y Huatulco en Oaxaca, respectivamente. El primero de ellos acertó en el éxito, pronto se convirtió en el mediterráneo mexicano al servicio de europeos y cruceristas americanos, su lanzamiento como destino turístico no fue tan golpeado, por varias razones. No obstante, el segundo es un caso que requiere algo de profundidad.
La expropiación de tierras fue el primer embate. Para muchos, este hecho representa por un lado claramente la exclusión de los propios lugareños en el modelo de desarrollo promovido por FONATUR. Por el otro, constituye una privación de los derechos de los oaxaqueños por aprovechar sus propios recursos naturales, al poner en manos del capital privado la riqueza de sus playas. Ni siquiera aseguraron la inserción de la gente desplazada, en las estadísticas de empleos de baja categoría generados a partir de la infraestructura turística y otros.
El éxito de Huatulco previsto a mediano y largo plazo, no ha cumplido con las expectativas de lugareños, tampoco de inversionistas. De ello hay varias muestras; fuga de empresas como Club Med, Sheraton, y recientemente el hotel Gala, entre otros, de categoría internacional. Asimismo, los altos costos de viaje provocado por el monopolio en el transporte aéreo no propició la llegada de corrientes turísticas del extranjero.
Ente éste escenario, a finales de los 1990´s y principios del 2000, la experiencia de Huatulco fue sujeto de un análisis global por el FONATUR. En síntesis, se aceptó el fracaso y se reconocieron los errores cometidos en éste destino, no obstante, la dependencia se preparó para emprender su relanzamiento, también llamado el “renacimiento de un gran destino”. Es importante dimensionar que al utilizar el término renacimiento, la dependencia dirigida anteriormente por John Macarty, aceptó que Huatulco murió, que se abandonó y que necesitaba abrirse a otros mercados.
En esta evolución, hemos sido testigos de la pretensión premeditada de insertarse un mercado diferente, que pretende hacer de Huatulco un destino diferente, con valor agregado. Dos son las líneas estratégicas; a) consolidarlo como un destino de turismo nacional en atención al sustento de las estadísticas que esta vez no fueron ignoradas, mismas que a la vista de todos los huatulqueños señalan claramente la importancia superior del turismo nacional sobre el extranjero, b) como la mayoría de los destinos planificados por FONATUR, fueron y han sido creadas para el mercado internacional de Sol y Playa, no desistieron de ello, por su parte modificaron la estrategia; crear un corredor turístico como ya había sucedido con la Rivera Maya y Cancún, la Escalera Náutica y Los Cabos y Loreto, de igual forma Ixtapa y Acapulco.
A diferencia de estos ejemplos, Huatulco tendría que ser único por sus múltiples complejidades políticas, económicas y sociales; sí, sería un destino “sustentable” y por ende, el desafío muy enorme. Primero, en 2004 FONATUR realizó el estudio de factibilidad para el corredor turístico Huatulco-Lagunas de Chacahua, el cual en 2005 finalizó y entre las principales acciones inmediatas serían, construir autopistas desde la ciudad de Oaxaca, ampliación de la carretera costera, proyectos de turismo alternativo, incrementar los vuelos desde los principales estados; Distrito Federal, Estado de México y Monterrey.
Sin embargo, como habría que proyectar la imagen “verde” al mundo, el gobierno federal de manera anticipada preparó el escenario. La declaratoria en 1998 de un Área Natural Protegida en cierta porción de tierras aún no desarrolladas, para realizar turismo de bajo impacto, ya tenía ese fin. Aunque es innegable la riqueza biológica de lo que ahora se conoce como Parque Nacional Huatulco, es evidente su doble propósito, constituirse como blindaje para evitar la restitución de tierras a los comuneros, a falta del desarrollo prometido en algunas partes del polígono expropiado. De paso, recalcaron que las comunidades son destructores de entorno ecológico e incapaces de desarrollar actividades disociadas a la Tumba, Roza y Quema.
Pero, afianzar la entrada al mercado verde, Huatulco necesitaba lograr una certificación internacional, el cual ya ostenta actualmente, uno llamado Green Globe 21. Desde haber logrado esta distinción, en el marco del renacimiento se han sumado más esfuerzos pero no por convencimiento, sino, por padecer durante años un estancamiento de sus inversiones.
Sin embargo, las clausuras de obras, entre ellas una de FONATUR, realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entre Diciembre del 2008 y Febrero del presente año, han evidenciado varias irregularidades observadas desde tiempo atrás, sobre todo en materia de impacto ambiental.
Con estas acciones, por un lado se deja entrever la escasa importancia y valor que se le da a una certificación internacional en materia de turismo sustentable, por la otra, el relanzamiento “recargado” no está del todo claro y se demuestra con falta de sinergia entre las diferentes instituciones. Es pues, Huatulco la cuna que arrulla la no sustentabilidad, al incumplimiento de la normatividad ambiental de manera clara, visible, tangible, que se siente, más cuando derriban arboles de un ecosistema único. Pero también, es un punto donde aún se tiene la oportunidad de ser sustentable, el lugar único en Latinoamérica que se dice ser, donde se logre un reencuentro entre el arte, la vida, el ocio y la naturaleza.
Pese a que existe una amplia aceptación de lo sustentable, no se observan acciones coherentes para hacerla operativa. Otro ejemplo del alto costo ecológico del relanzamiento, es la integración de Huatulco en el circuito de cruceros. Estos hoteles flotantes de gran calado, desplazan sedimentos hacia la playa La Entrega, rellenan los bancos de coral y poco a poco su destino es la extinción. En el mejor de los casos, podemos suponer que esta situación es desconocida, pero si se está ignorando, esa indiferencia de las autoridades asociada a la inquietud de traer cada año más cruceros, es una factura en blanco que la naturaleza cobrará no a los turistas, sino, a los huatulqueños y a los oaxaqueños.
En materia social, la especulación de tierras ofrecidas por FONATUR al municipio también habla de los intereses económicos. La venta cuestionable de Lotes para viviendas de asistencia social, los asentamientos irregulares, la falta de servicios urbanos en los mismos, constituyen cinturones de pobreza que contrastan con lujosos hoteles de Tangolunda y las inversiones elevadas destinadas recientemente a Maguey, Cacaluta, etc.
La desigualdad con que Huatulco pretende relanzarse, aunado a los fehacientes antecedentes de falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno, escasa seriedad por hacer de éste destino un sitio diferente, harán que el ya “prostituido” termino relanzamiento o renacimiento se quede inerte y para quienes gustan de soñar, seguirán dormidos mientras esto sucede.
Para muchos inversionistas y lugareños, incrementar los cruceros, los vuelos, disminuir el tiempo de llegada a través de una autopista, garantizan un relanzamiento exitoso. Eso es cierto, pero en esa visión solo observan los beneficios económicos y dejan de lado, las implicaciones sociales, ambientales y culturales.
No olvidemos que aún las playas de Huatulco son consideradas las mejores del pacífico y, sus alrededores se encuentran vírgenes o en su caso, rescatables. No hay necesidad de recorrer el mismo camino de Cancún (el mejor caso para ejemplificar la degradación social, cultural y ambiental producto del turismo), por el contrario, hay que alejarse de esa idea, y a tiempo estamos. De lo contrario, en unos años pocos turistas recordarán Huatulco.
Para lograr un renacimiento integral e incluyente, se necesita más que tomarse la foto, es necesario dedicar tiempo, esfuerzo, se requiere más que voluntad. Para dar respuesta a tantos años de espera, se requiere trabajar con responsabilidad entre la sociedad civil y gobierno, aunque sea vista como pérdida de tiempo, al menos hay que intentarlo.

*Consultor en medio ambiente, desarrollo sustentable y ecoturismo, Premio Nacional de la Juventud Indígena 2008 en la rama de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
floribertov@gmail.com

LÁPIZ VERDE. La propiedad social, los bienes comunales y los comuneros de 20 por 20

Hace escasos tres años, en una reunión informal un grupo de amigos discutíamos sobre el rumbo que han tomado algunas organizaciones campesinas en su lucha por la propiedad social. El debate fue un punto de encuentros y desencuentros.
Algunos en aquella mesa redonda estaban jubilados de las luchas sociales convencionales, me refiero a los movimientos campesinos institucionalizados con líderes vitalicios o que heredan sus posiciones y convierten al movimiento social en un sistema monárquico. Pese a estar decepcionados, la mayoría coincidió en que habría que discutir sobre otras alternativas de organización social el cual reuniera mayores factores en común.
Abrir un debate en este sentido, nos llevó a una profundo análisis que se ha iniciado desde hace mucho tiempo y que persiste hoy en día. Algunos de esos es la lucha por la defensa de los recursos naturales y la necesidad de buscar esquemas de desarrollo sostenible.
En este sentido, antes de hablar de los retos y los desafíos a los que se enfrentan estas organizaciones, es importante conocer algunos antecedentes. En primera, es de suma relevancia remitirnos a los orígenes del reparto agrario y, por ende, trasladarnos hasta la revolución mexicana.
En 1910, uno de los grandes desafíos de la revolución mexicana, además de derrocar la dictadura de Díaz fue reconstruir un estado que se preocupara por el sector social entre ellos el campesinado y la clase obrera. Entre sus logros esta el compromiso que el estado pactó en favor de los campesinos al dotarles de tierra, agua y apoyos para hacerlas producir. Éste pacto nacional se pudo respaldar a través del Artículo 27 Constitucional de 1917.
Desde entonces, los campesinos mexicanos y la clase trabajadora pudieron encontrar en el estado un benefactor social y garante de seguridad individual, se organizaron ejidos y los bienes comunales. Surge así un esquema de propiedad social que da ventajas y fortalezas al pueblo. Es decir, el pueblo se convirtió en dueño de la mayor parte del territorio.
Sin embargo, el costo para al erario público de subsidiar programas del campo, entre otros, puso entre 1970´s y 1980’s, en una severa crisis insostenible de nuestro modelo económico. A partir de entonces, se empezó una reestructuración económica y quedaron en segundo término aquellos sectores que representaban un gasto excesivo para el país. El campesinado fue uno de ellos.
Para 1992, la modificación del Art. 27 constitucional es uno de los golpes más fuertes en contra de la propiedad social. Con esta acción, la responsabilidad del estado y su papel de benefactor con el campo llegaba a su término.
Las organizaciones campesinas como los núcleos agrarios también se vieron en la necesidad de transformase. Para muchos era importante fomentar actividades económicas que las hicieran menos dependientes del estado. Hay algunos ejemplos de empresas ejidales y comunales como el caso del aprovechamiento forestal, el cual ahora beneficia económicamente a muchas familias. No obstante, hay núcleos agrarios que aún viven de las aportaciones de sus miembros y están esperanzados en la aportación gubernamental a través de sus programas.
La modificación del Art. 27 evidenció el paternalismo gubernamental y la falta de visión de los campesinos. El objetivo principal del zapatismo se había perdido en el camino, se quedó quizás viciado, se embriagó de poder y ahora presenta una “cruda” realidad que los ahoga. El síntoma más significativo de la decadencia de la propiedad social es la compra y venta de tierras, propiciada sí, por la modificación a la ley, pero jamás obligada por ésta.
Ahora la propiedad social se encuentra en manos de unos cuantos comuneros y unos cuantos ejidatarios. La propiedad social es vulnerable y está también en “peligro de extinción”, más aún cuando existen ofertas seductoras como la venta de tierras para inversión extranjera. En la costa de Oaxaca y en general en la costa del pacífico es más que una realidad. Quienes se dicen defensores de la tierra la venden, algunos ya ni siquiera siembran el maíz o el frijol, pero si saben valuar cada metro cuadrado con vista al mar.
Al menos en la costa de Oaxaca, los comuneros de hoy son promotores inmobiliarios, compran y venden hasta en medios electrónicos. Algunos ya se acabaron sus tierras, han vendido todo, sin embargo continúan invadiendo zonas montañosas y selváticas con el afán de vender en el futuro. Algunos tienen a sus familias en viviendas ubicados en lotes de 20 por 20, pero son comuneros legalmente reconocidos.
La situación actual, hace evidente la necesidad de reorganizar la lucha campesina y definir rumbos más claros ante los nuevos embates como la vulnerabilidad de la propiedad social. Es importante no dejar de lado los recursos naturales, proteger las zonas que aún se mantienen conservadas. México debe reconocerse como un estado de propiedad y de defensa colectiva. Hoy por hoy, si no existe más propiedad social, debemos socializar la defensa de los recursos naturales. No es necesario formar más organizaciones campesinas, las que hay, ahora compran su despensa en las grandes empresas transnacionales. Hay muchos retos y posiblemente el sistema de propiedad social es como una luz que se apaga. Ante este escenario, es importante ubicar en el tiempo la defensa de los bienes de propiedad colectiva, pero más importante es, ubicar en la realidad un esquema de defensa del entorno ecológico que incluya a todos. La tierra ya no es de quien la trabaja, es de quien la defiende, aunque sólo se defienda un lote de 20 por 20.

Floriberto Vásquez Ruiz
Consultor en desarrollo local, medio ambiente y turismo sostenible
Premio Nacional de la Juventud Indígena 2008 en la rama de Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
floribertov@gmail.com

Flexibilidad de la ley ambiental en Huatulco

Floriberto Vásquez Ruiz

Entre diciembre del 2008 y febrero de este año, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizaron visitas de inspección a construcciones turísticas de Huatulco, uno de los centros turísticos planeados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Según un boletín emitido por Profepa el 24 de febrero de 2009, siete de ellos fueron clausurados temporalmente por haberse realizado sin la autorización previa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tanto en materia de Impacto Ambiental, como de cambio de uso de suelo forestal y de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Ante este hecho, varias fueron las voces que se inconformaron, inclusive hasta los trabajadores de la construcción manifestaron su rechazo en virtud de suspender sus fuentes de empleo. Sin embargo, la raíz de esta situación puede entenderse según la perspectiva de cada quien, la cual puede abrir un debate tan prolongado como se desee; inclusive, se presta como una acción coyuntural para desencadenar y revivir el eterno reclamo del anhelado renacimiento de Huatulco, según un imperativo para el gobierno de Felipe Calderón.
No obstante, la suspensión de la obras obedece claramente al incumplimiento de la normatividad ambiental por parte de varios inversionistas, quienes siguieron el ejemplo del Fonatur, instancia a la cual le clausuraron la carretera de La Crucecita-Santa Cruz por no contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Por este concepto, el la dependencia que dirige Miguel Ángel Gómez Mont fue multada con un millón 600 mil pesos.
La infracción cometida por el Fonatur en el contexto actual no es nada oportuna y menos las declaraciones hechas por el director regional de esta dependencia en Huatulco, el cual menciona que “No se estaba aplicando la ley, de repente la comienzan a aplicar… Esto trastoca con el relanzamiento de Huatulco, sin embargo está la ley y hay que cumplirla”.
Con lo anterior, significa que desde sus inicios, Huatulco ha sido un destino que viola la ley ambiental. Aunque existen estudios técnicos y científicos que lo han evidenciado, el pago de una multa por degradar ecosistemas debe entenderse como una muerte en “abonos chiquitos”, de un destino que se dice sustentable. A su vez, significa que “vale más pedir perdón que pedir permiso” pero, ¿no son las instituciones los primeros en cumplir la ley, para poderle exigir su cumplimiento a la sociedad? Si tomamos en cuenta que la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA) se promulgó en 1988, al día de hoy son 21 años de que la ley no es aplicable no sólo en Huatulco.
Aunque los inversionistas constantemente se quejen de los altos costos de los trámites, es importante recordar que la ley tiene un carácter restrictivo más no prohibitivo, por ello, es imperante velar por su aplicación y su cumplimiento por el bien de todos y todas. Esto implica que toda obra debe realizarse con apego a la normatividad. Además del “desconocimiento de la ley” por parte de los inversionistas y también del Fonatur, la suspensión de obras turísticas evidencia la necesidad de capacitar a las autoridades locales sobre la normatividad que deben cumplir los inversionistas, más cuando se trata de obras en zona federal. Toda esta información debe estar contemplada en el Plan Maestro del centro turístico de Huatulco.
Aunque ya sabemos que el renacimiento es prioritario, también es necesario hacer operativa la palabra “sinergia institucional”, más al tratarse de obras que traen beneficio social y económico a uno de los estados más pobres. Asimismo, no hay que excusarse en que a falta de la aplicación de la ley o el desconocimiento de su existencia no se investigue sobre las cuáles debemos cumplir. También, es inoportuno esperar a ver quien quebranta la ley ambiental con el único fin de gestionar multas para incrementar el ingreso, eso es falto de responsabilidad de la Semarnat, quien debe prevenir y coadyuvar en el manejo sustentable de los recursos naturales.
Desde luego, todos somos culpables pues los ciudadanos debemos actuar como protagonistas y no como simples espectadores. Lo más importante es, no seguir abonando esa cultura que violenta la aplicación de las leyes, menos cuando son propiciadas por las propias instituciones, por el contrario, como institución se debe poner el ejemplo en cómo cumplir las leyes. No nos extrañe en el futuro observar a quienes se escuden en el “si Fonatur desobedece, porque nosotros no”, hay que recordar que de la aplicación de la ley sin distinción, depende un estado más democrático, más justo.

**Premio Nacional de la Juventud Indígena 2008 en la rama de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
floribertov@gmail.com

Ricárdez, cobarde alcalde de Pochutla

Alfredo Martínez de Aguilar

Diario DESPERTAR

Dada la cobardía de los ataques de que la hace objeto el alcalde José Manuel Ricárdez López, obligado es realizar la defensa de nuestra compañera corresponsal en Pochutla, Patricia Pacheco.
Cobardía mayúscula porque, primeramente, se trata de una dama, pero sobre todo porque se trata de una joven mujer con ocho meses de embarazo, cuya salud se pone en grave riesgo.
Con la complicidad del concesionario de la radiodifusora XEPX, “La Voz del Ángel” 650 AM, Arturo Jalil Vargas, el presidente municipal logró que Paty fuera injustamente suspendida en su trabajo.
La decisión del concesionario en contra de Paty es entendible, aun cuando injustificable, al tratarse de un árabe al que únicamente le interesa el dinero por encima de la dignidad de sus trabajadores.
Desde este espacio elevamos nuestra más enérgica condena y llamamos a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca y a las autoridades competentes que intervengan al respecto.
Hacerlo es una obligación legal para dichas instancias, máxime cuando está en juego la salud e integridad de Patricia Pacheco Guzmán, como madre y del hijo que lleva en sus entrañas.
Obligación de pueblo y gobierno es impedir que se atente contra la libertad de expresión y de prensa, ya que los medios prestan un servicio invaluable a ambas entidades, al evitar las injusticias.
De ninguna manera se trata de pretender buscar inmunidad alguna y menos impunidad si se difama o calumnia, en cuyos caso están expeditos los procedimientos penales respectivos.
Al igual que muchos supuestos representantes populares y caciques culturales, el flamante presidente municipal de Pochutla tiene la piel muy sensible y es muy susceptible a la crítica.
Con aires de típico cacique pueblerino perdonavidas, el ex dirigente cetemista se ha dedicado a agredir desde el inicio de su administración municipal a nuestra compañera Patricia Pacheco.
Nuestra colega es, ante todo, una profesional del periodismo impreso y radiofónico, como lo avala su intenso trabajo en diversos medios de comunicación incluyendo su semanario “Publimar”.
Paty es, además de corresponsal del diario DESPERTAR, directora de Noticias y conductora del Noticiario Notiángel de la estación radiodifusora XEPX, “La Voz del Ángel” 650 AM, en Pochutla.
Es también colabordora de los noticiarios de Estéreo Huatulco 103.1 FM, Radio Huatulco, estación integrante del Grupo Oro Esmeralda y de la Organización Radiofónica de Oaxaca (ORO).
Las denuncias de la población son consideradas por el edil agresiones permanentes, lo que le ha llevado a actuar cobardemente contra Paty sin importar su condición de mujer embarazada.
Con una actitud abiertamente cobarde contra Paty, José Manuel Ricárdez López no ha tenido ningún empacho en llegar al extremo de agredirle personalmente con palabras majaderas.
Esta conducta pinta de cuerpo entero la falta de calidad humana del alcalde pochutleco, quien olvida que mujer también es su madre y quizá sus hermanas, esposa y tal vez sus hijas.
Para quienes le conocen, nada de extraño tiene esta actitud, porque Ricárdez López tampoco tiene dignidad como político, ya que es un saltimbanqui de la política al brincar del PRI al PRD y de regreso al PRI.
En la actual coyuntura electoral, las arbitrariedades de autoridades barbajanes influyen, a querer o no, en el ánimo de los electores, particularmente en las mujeres por solidaridad femenina.
Y este es un detalle no menor a tomar en cuenta, debido a que las mujeres son mayoría y, al sentirse agredidas, pueden volcar su indignación con votos de castigo en las urnas el 5 de julio.

director@diariodespertar.com.mx