Cuando el hartazgo nos alcance; o de putrefacciones y linchamientos

Cuando el hartazgo nos alcance; o de putrefacciones y linchamientos

Patricia Pacheco

Siempre que se suscita un acto de ajusticiamiento por mano propia o linchamiento suelen buscarse explicaciones sociológicas, en las que se señala a una colectividad reaccionando con violencia ante la ineficacia de las instituciones públicas para hacer efectiva su propia legalidad, pero, ¿qué eventos tienen que suceder alrededor de una multitud enardecida para que llegue a cometer actos a todas luces ilegales y plagados de una brutalidad que podría ser comparada con los que cometen aquellos a quienes se busca castigar?
Los linchamientos no son exclusivos de una época o lugar definido, sin embargo hay algo que los caracteriza e iguala; no se presentan de forma aislada a otro hechos de violencia, es decir que quienes los cometen viven y padecen de manera cotidiana ejecuciones, delincuencia común u organizada, violaciones, enfrentamientos entre comunidades, abusos policiacos, etc. Es como si todos los días recibiéramos una dosis de violencia, una especie de envenenamiento que ciega los razonamientos, y que además es aderezado por la impunidad y corrupción que permea en el sistema judicial en nuestro país, estado y localidad.
Por eso es que los recientes acontecimientos registrados en los municipios de San Baltazar Loxicha y San Miguel del Puerto, en los que la comunidad delirante decide someter a maleantes de diversas calañas al castigo de sus propios puños o pistolas, no son más que el resultado de la acumulación exacerbada de hartazgo y desconfianza ciudadanos.
En el caso de San Baltazar Loxicha, una multitud de pobladores decidió de manera espontánea sacar sus armas y hacer frente a una banda de delincuentes - a pesar de que la víctima no era siquiera vecina del lugar-, hasta conseguir que uno de ellos cayera (muerto), y el resto quedaran atrincherados en caminos sinuosos, hasta ser retenidos por la policía.
En tanto que la desazón e indignación surgidas entre habitantes de la Barra de Copalita, en San Miguel del Puerto, al enterarse de que un par de sujetos desalmados habían secuestrado, violado y asesinado a una bebé de 11 meses de edad; tuvo como primera consecuencia la búsqueda incesante de los delincuentes, y posteriormente su sometimiento e intento de linchamiento, que una vez evitado, se transformó en clamor social a través del despliegue de cientos de ciudadanos que tomaron las calles en La Crucecita , Huatulco, para exigir justicia por los inenarrables hechos.
A pesar de que ambos casos tomaron vertientes distintas, el tufo putrefacto que se desprende de ellos es el mismo, y nos envuelve a tal grado, que los ciudadanos albergamos sentimientos de zozobra, desesperación y ciertos toques de paranoia. El potencial delincuente, pensamos, está a la vuelta de la esquina. Y lo que es peor, esto nos encadena en un círculo vicioso delincuencial, que nos orilla muchas veces a “protegernos” a través de la adquisición de armas (por si las moscas). Lo anterior explica el alto índice de armas que circulan en toda la región de la costa, situación que se roza cada vez más con la desaparición del estado de derecho y la ingobernabilidad.
Si bien, el Estado y sus instituciones tienen gran responsabilidad de la descomposición social generalizada por no generar mecanismos reales de justicia, ni ofrecer opciones de desarrollo a nivel individual; los ciudadanos estamos a tiempo de participar de forma organizada para proponer y exigir a los gobiernos el diseño de políticas públicas efectivas, para que la inseguridad disminuya, y no terminemos perdiendo todos.