Patricia Pacheco Guzmán
La muerte de dos jóvenes locutoras de una radio comunitaria en el municipio popular de San Juan Copala, dentro de la zona triqui, el pasado 7 de abril; es un siniestro botón de muestra de las prácticas aberrantes y bárbaras en las que incurren grupos facciosos de poder político y/o económico que aun predominan en el estado de Oaxaca.
Si como todo parece indicar, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, fueron ultimadas debido a añejas pugnas entre el grupo de Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) contra integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); y sobre todo por la “peligrosa” labor que desempeñaban dentro de la estación indígena “La voz que rompe el silencio”, al hablar sobre los derechos de los indígenas y las prácticas de corrupción en que incurren los líderes políticos; nos encontramos frente a un gravísimo atentado contra la libertad de expresión y a una joya más dentro del clima de impunidad que prevalece en la entidad.
A pesar de que a la fecha diversas organizaciones no gubernamentales, el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han repudiado y solicitado que las investigaciones en torno a este crimen lleguen ‘hasta sus últimas consecuencias’; se ve lejano el día en que el gobierno estatal ponga orden en esta zona de conflicto –por intereses de grupos priístas en la zona-, pero además se fomenta la percepción de que en México los ataques a la libertad de prensa son más frecuentes de lo que se piensa.
En los últimos ocho años se han multiplicado las agresiones hacia los periodistas. De forma por demás sintomática, ha sido durante las gestiones federales panistas cuando los crímenes contra el gremio periodístico se acentuaron. En este lapso, más de 40 informadores han sido asesinados o desaparecieron en México, como producto de acciones que se atribuyen a represalias del crimen organizado.
El reinado de la impunidad a nivel nacional ha convertido a México en el lugar más peligroso para ejercer la profesión periodística. La omisión e indolencia de las autoridades para resolver eficaz y rápidamente los casos de agresiones contra periodistas lanzan un mensaje vigoroso a los delincuentes de que la justicia no funciona.
Así, los comunicadores, sobre todo en el interior de la república, no sólo enfrentan orfandad en sus derechos laborales, salarios de miseria y poco respaldo de las empresas en las que desarrollan su oficio, sino que además tienen que lidiar con la barbarie de caciques y politiquillos, que tratan de acallar voces críticas y analíticas por medio de intimidación y agresiones directas, que en ocasiones conllevan desenlaces trágicos.
Lo que todavía no entienden estos nuevos soberanos de la intolerancia, es que cualquier agresión a los periodistas representa un golpe contundente al estado y la democracia misma. Según el informe del año 2005 del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre el tema; “la falta de una adecuada protección convierte al Estado en responsable de las agresiones y homicidios cometidos contra comunicadores, pues tanto el derecho a la libertad de expresión como el de estar informado son esenciales para el desarrollo de la democracia”.
Es cierto; nuestra democracia está enferma, pero la tarea de comunicar cumple un papel fundamental en la sociedad mexicana y por ello los periodistas son entes vitales que pueden darle un poco de oxígeno al covaleciente.
La muerte de dos jóvenes locutoras de una radio comunitaria en el municipio popular de San Juan Copala, dentro de la zona triqui, el pasado 7 de abril; es un siniestro botón de muestra de las prácticas aberrantes y bárbaras en las que incurren grupos facciosos de poder político y/o económico que aun predominan en el estado de Oaxaca.
Si como todo parece indicar, Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, fueron ultimadas debido a añejas pugnas entre el grupo de Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) contra integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); y sobre todo por la “peligrosa” labor que desempeñaban dentro de la estación indígena “La voz que rompe el silencio”, al hablar sobre los derechos de los indígenas y las prácticas de corrupción en que incurren los líderes políticos; nos encontramos frente a un gravísimo atentado contra la libertad de expresión y a una joya más dentro del clima de impunidad que prevalece en la entidad.
A pesar de que a la fecha diversas organizaciones no gubernamentales, el Congreso del Estado, la Cámara de Diputados Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han repudiado y solicitado que las investigaciones en torno a este crimen lleguen ‘hasta sus últimas consecuencias’; se ve lejano el día en que el gobierno estatal ponga orden en esta zona de conflicto –por intereses de grupos priístas en la zona-, pero además se fomenta la percepción de que en México los ataques a la libertad de prensa son más frecuentes de lo que se piensa.
En los últimos ocho años se han multiplicado las agresiones hacia los periodistas. De forma por demás sintomática, ha sido durante las gestiones federales panistas cuando los crímenes contra el gremio periodístico se acentuaron. En este lapso, más de 40 informadores han sido asesinados o desaparecieron en México, como producto de acciones que se atribuyen a represalias del crimen organizado.
El reinado de la impunidad a nivel nacional ha convertido a México en el lugar más peligroso para ejercer la profesión periodística. La omisión e indolencia de las autoridades para resolver eficaz y rápidamente los casos de agresiones contra periodistas lanzan un mensaje vigoroso a los delincuentes de que la justicia no funciona.
Así, los comunicadores, sobre todo en el interior de la república, no sólo enfrentan orfandad en sus derechos laborales, salarios de miseria y poco respaldo de las empresas en las que desarrollan su oficio, sino que además tienen que lidiar con la barbarie de caciques y politiquillos, que tratan de acallar voces críticas y analíticas por medio de intimidación y agresiones directas, que en ocasiones conllevan desenlaces trágicos.
Lo que todavía no entienden estos nuevos soberanos de la intolerancia, es que cualquier agresión a los periodistas representa un golpe contundente al estado y la democracia misma. Según el informe del año 2005 del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre el tema; “la falta de una adecuada protección convierte al Estado en responsable de las agresiones y homicidios cometidos contra comunicadores, pues tanto el derecho a la libertad de expresión como el de estar informado son esenciales para el desarrollo de la democracia”.
Es cierto; nuestra democracia está enferma, pero la tarea de comunicar cumple un papel fundamental en la sociedad mexicana y por ello los periodistas son entes vitales que pueden darle un poco de oxígeno al covaleciente.
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