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Ratifica Ulises Ruiz su compromiso con la libertad de expresión en Oaxaca

Envió al Congreso local una iniciativa de ley donde propone derogar los delitos de injurias, difamación y calumnias del Código Penal del Estado

El gobernador Ulises Ruiz Ortiz envió este jueves al Congreso local, para su análisis y aprobación en su caso, una iniciativa de ley donde propone la derogación de los artículos que se refieren a los delitos de injurias, difamación y calumnias del Código Penal del Estado de Oaxaca.
Con esta propuesta, el mandatario oaxaqueño ratifica su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión de la sociedad oaxaqueña, que salvaguarda y garantiza el Estado de Derecho, así como con el libre ejercicio de los comunicadores que en una democracia se constituyen como la sombra ética del poder público.
Esta iniciativa armoniza la legislación estatal con las principales declaraciones internacionales en la materia suscritas por el Estado Mexicano y también con la legislación Federal en el tema, las cuales señalan que la protección al honor y a la reputación deben garantizarse solamente a través de la vía del derecho civil y no por la vía del derecho penal, a fin de evitar abusos por parte de los gobiernos.
Es en este sentido que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, teniendo como interés principal la aplicación efectiva de los mandatos constitucionales 6° y 7°, ha considerado prioritario que la legislación estatal sea revisada exhaustivamente a fin de dar cumplimiento puntual al contenido de estos preceptos que consagran que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.
El documento presentado, tiene el propósito fundamental de derogar los delitos de injurias, difamación y calumnias al contemplar que la consolidación del estado democrático -por el que los oaxaqueños hemos luchado incansablemente- implica que los derechos a la libertad de expresión e información no deben ser coartados de ninguna forma, pero también que los gobiernos, además de abstenerse de la injerencia injustificada, deben implementar medidas para fortalecer la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de ejercer este derecho.
De ahí la necesidad que el Congreso del Estado apruebe la derogación de estos tipos penales, garantizando así, en un marco de leyes e instituciones, la más efectiva libertad de expresión para quienes se dedican a la profesión del periodismo y, por otra parte, asegurando el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a estar informados.
En este contexto, el Coordinador de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, Raúl Castellanos Hernández, ponderó como un acto de justicia democrática la visión que el Gobernador manifestó al abordar este tema que elimina la posibilidad de que los ciudadanos sean presionados, o en el extremo, privados de ejercer la libre expresión de sus ideas.Afirmó que el Titular del Poder Ejecutivo ha dejado en claro que dentro del marco de la ley se respetan todas las opiniones y todas las visiones y su administración garantiza el ejercicio libre de los medios de comunicación y el derecho de la sociedad a estar informada.