Patricia Pacheco
Como parte del proceso que se sigue en contra del doctor Antonio Rogerio Ramírez Buy, regidor de Hacienda del ayuntamiento de San Pedro Pochutla, por el delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad médica en agravio de una joven a la que le realizó una cesárea que casi le cuesta la vida, y luego de que un juez fijara una fianza de 340 mil pesos para la reparación de daños, ahora el doctor-funcionario alega que está en la quiebra.
El pasado 5 de marzo, acompañado de los abogados Cuitláhuac Aguilar Cervantes y Miguel Ángel Pérez Franco –ambos, trabajadores del ayuntamiento pochutleco-, el todavía servidor público desahogó ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de esta ciudad un incidente de reducción de fianza, para lo cual presentó a dos enfermeras de su clínica, Rosalía Cortés Trujillo y Margarita Ruiz González, quienes declararon que Ramírez Buy “atraviesa por una difícil situación económica, tiene deudas, no cuenta con propiedades y en los últimos días ha despedido personal y cerrado el área de cirugía dentro de su hospital”.
Contradiciendo lo anterior, apenas unos días antes, el médico ofreció 200 mil pesos a los familiares de la joven Blanca Estela Alberto López para cubrir los gastos médicos que se han generado desde el mes de junio del año 2008, cuando Blanca fue sometida a una cesárea en la clínica propiedad del galeno, por la que tuvo secuelas irreparables, como la pérdida de cinco metros de intestino y la matriz.
“El doctor Buy nos ofreció hace una semana toda la atención para Blanca, ya que ella sigue mal y ha tenido sangrados internos, pero luego dijo que mejor nos daría 200 mil pesos para que Blanca se atendiera, pero su salud no está en juego, su vida está en riesgo y no se vale que esté jugando de esa manera”, reseñó Perla Alberto Ziga, tía de la afectada.
Entrevistado al respecto, el Lic, Jorge Echeverría Guzmán, representante de la ofendida, señaló que será la titular del juzgado quien determine si es procedente la reducción de la caución, o debe dictarse una orden de reaprehensión en contra del procesado.
“Sólo existen esas dos posibilidades; la libertad bajo caución –para lo cual se fijó un monto de 340 mil pesos-, o, que por declararse insolvente tenga que internarse voluntariamente en el reclusorio”.
La revocación de mandato, un hecho
En otro sentido, luego de la petición que hicieron la agraviada y sus familiares al Congreso del Estado el pasado 3 de febrero para solicitar la revocación de mandato del regidor de Hacienda, quien a pesar de estar sometido a un proceso penal, sigue laborando dentro del ayuntamiento pochutleco, y más aún, es defendido por personal del mismo; Perla Alberto señaló que el actual presidente de la comisión de Gobernación en la LX legislatura, Dip. Javier Mendoza Aroche, les adelantó que será el próximo 12 de marzo cuando la suspensión se concrete; “el diputado nos aseguró que la revocación es un hecho”.
Los quejosos señalaron que es necesario que haya tal revocación para que el doctor Ramírez Buy enfrente su proceso fuera del ayuntamiento, “porque en este momento el señor se escuda en su posición de funcionario público y aprovecha la protección del presidente (José Manuel Ricárdez López)”.
Recordó que el mes de agosto pasado, luego de que interpusieron la demanda penal en contra del galeno, el edil les ofreció una cantidad de dinero y la inserción de Blanca en la nómina para que desistieran de las acusaciones.
Diputado panista consigue atención médica
Perla Alberto informó que debido a que el estado de salud de su sobrina se ha agravado considerablemente durante los últimos días, y requiere ser internada en una clínica especializada de forma urgente; el presidente de la comisión de Salud en la cámara de diputados local, Gerardo García Henestroza consiguió que Blanca sea atendida en una clínica de la ciudad de México y los gastos serán cubiertos por él.
“Blanca está muy mal, ha tenido sangrados internos y aquí en Pochutla ningún médico la quiere atender por el riesgo que eso implica. Hay doctores en Oaxaca que pronostican su deceso como algo inevitable debido a que no tiene intestinos, no retiene nutrientes. El tiempo que ella dure viva dependerá de la atención que reciba y que Dios quiera darle”.
Al cuestionarle si el alcalde pochutleco ha ofrecido en algún momento conseguir atención médica para Blanca, Perla comentó que lo único que hizo fue enviar en septiembre a una psicóloga para que atendiera los daños emocionales a Blanca “como si con terapia psicológica Blanca fuera a recuperar su intestino y matriz”.
Como parte del proceso que se sigue en contra del doctor Antonio Rogerio Ramírez Buy, regidor de Hacienda del ayuntamiento de San Pedro Pochutla, por el delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad médica en agravio de una joven a la que le realizó una cesárea que casi le cuesta la vida, y luego de que un juez fijara una fianza de 340 mil pesos para la reparación de daños, ahora el doctor-funcionario alega que está en la quiebra.El pasado 5 de marzo, acompañado de los abogados Cuitláhuac Aguilar Cervantes y Miguel Ángel Pérez Franco –ambos, trabajadores del ayuntamiento pochutleco-, el todavía servidor público desahogó ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de esta ciudad un incidente de reducción de fianza, para lo cual presentó a dos enfermeras de su clínica, Rosalía Cortés Trujillo y Margarita Ruiz González, quienes declararon que Ramírez Buy “atraviesa por una difícil situación económica, tiene deudas, no cuenta con propiedades y en los últimos días ha despedido personal y cerrado el área de cirugía dentro de su hospital”.
Contradiciendo lo anterior, apenas unos días antes, el médico ofreció 200 mil pesos a los familiares de la joven Blanca Estela Alberto López para cubrir los gastos médicos que se han generado desde el mes de junio del año 2008, cuando Blanca fue sometida a una cesárea en la clínica propiedad del galeno, por la que tuvo secuelas irreparables, como la pérdida de cinco metros de intestino y la matriz.
“El doctor Buy nos ofreció hace una semana toda la atención para Blanca, ya que ella sigue mal y ha tenido sangrados internos, pero luego dijo que mejor nos daría 200 mil pesos para que Blanca se atendiera, pero su salud no está en juego, su vida está en riesgo y no se vale que esté jugando de esa manera”, reseñó Perla Alberto Ziga, tía de la afectada.
Entrevistado al respecto, el Lic, Jorge Echeverría Guzmán, representante de la ofendida, señaló que será la titular del juzgado quien determine si es procedente la reducción de la caución, o debe dictarse una orden de reaprehensión en contra del procesado.
“Sólo existen esas dos posibilidades; la libertad bajo caución –para lo cual se fijó un monto de 340 mil pesos-, o, que por declararse insolvente tenga que internarse voluntariamente en el reclusorio”.
La revocación de mandato, un hecho
En otro sentido, luego de la petición que hicieron la agraviada y sus familiares al Congreso del Estado el pasado 3 de febrero para solicitar la revocación de mandato del regidor de Hacienda, quien a pesar de estar sometido a un proceso penal, sigue laborando dentro del ayuntamiento pochutleco, y más aún, es defendido por personal del mismo; Perla Alberto señaló que el actual presidente de la comisión de Gobernación en la LX legislatura, Dip. Javier Mendoza Aroche, les adelantó que será el próximo 12 de marzo cuando la suspensión se concrete; “el diputado nos aseguró que la revocación es un hecho”.
Los quejosos señalaron que es necesario que haya tal revocación para que el doctor Ramírez Buy enfrente su proceso fuera del ayuntamiento, “porque en este momento el señor se escuda en su posición de funcionario público y aprovecha la protección del presidente (José Manuel Ricárdez López)”.
Recordó que el mes de agosto pasado, luego de que interpusieron la demanda penal en contra del galeno, el edil les ofreció una cantidad de dinero y la inserción de Blanca en la nómina para que desistieran de las acusaciones.
Diputado panista consigue atención médica
Perla Alberto informó que debido a que el estado de salud de su sobrina se ha agravado considerablemente durante los últimos días, y requiere ser internada en una clínica especializada de forma urgente; el presidente de la comisión de Salud en la cámara de diputados local, Gerardo García Henestroza consiguió que Blanca sea atendida en una clínica de la ciudad de México y los gastos serán cubiertos por él.
“Blanca está muy mal, ha tenido sangrados internos y aquí en Pochutla ningún médico la quiere atender por el riesgo que eso implica. Hay doctores en Oaxaca que pronostican su deceso como algo inevitable debido a que no tiene intestinos, no retiene nutrientes. El tiempo que ella dure viva dependerá de la atención que reciba y que Dios quiera darle”.
Al cuestionarle si el alcalde pochutleco ha ofrecido en algún momento conseguir atención médica para Blanca, Perla comentó que lo único que hizo fue enviar en septiembre a una psicóloga para que atendiera los daños emocionales a Blanca “como si con terapia psicológica Blanca fuera a recuperar su intestino y matriz”.
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