Crónicas de la ínsula

Atropellos en “Noti Ángel” de Pochutla

Cuauhtémoc Blas

Patricia Pacheco Guzmán, periodista de radio en Pochutla, fue despedida de su trabajo cuando cumplía nueve meses de embarazo. En estos días dio a luz. Luego de tres años de laborar en la estación de radio de Pochutla, conductora del programa de noticias “Noti Ángel”, fue separada de su fuente de trabajo el 9 de marzo, cuando condujo por última vez dicho noticiero.
El dueño de la estación de radio “La Voz del Ángel”, XHPX 650 de AM, perteneciente al grupo Radio Solución, S. A. de C. V., Arturo Jalil Vargas, personalmente notificó a la periodista su despido al término del programa de noticias.
Junto con seguridad social y prestaciones de que carece, la periodista sacó a la luz una serie de arbitrariedades con que el empresario maneja la estación de radio, la censura de que la hacía objeto e, incluso, la multa de 500 pesos cuando ella sacaba al aire alguna réplica que por norma tienen derecho los aludidos en alguna noticia.
También salió a la luz el régimen de terror en las estaciones de radio de Jalil Vargas, memorandos con advertencias y limitaciones, y hasta cámaras de video para controlar a los empleados.
En la estación de radio de Puerto Escondido, “La Voz del Puerto”, 870 AM también del grupo Radio Solución, S. A. de C. V. y del mismo Arturo Jalil Vargas, los gerentes han pululado al por mayor, despedidos sin tregua, igual que periodistas y conductores de noticias.
Es impresionante como el propietario de esas estaciones de radio quiere controlar hasta las pausas de los periodistas, estableciendo a quien se menciona y a quien no, como ha declarado la periodista de Pochutla, Patricia Pacheco Guzmán, en franca violación del derecho a la libertad de expresión de los comunicadores y del derecho de información del público.
Precisamente esta connivencia entre empresario radiofónico y el poder político en la región lo ilustra Patricia en su caso pues argumenta que su despido también habría obedecido a las presiones del muy cuestionando presidente municipal de Pochutla, José Manuel Ricárdez, quien desde hace meses exigía a Jalil la separación de la periodista del noticiero.
El presidente de Pochutla, quien llegara a esa posición con el registro del PRD al ser desdeñado por su partido original el PRI, una vez instalado en el palacio municipal y ante la presión de los perredistas locales que querían cobrarle la factura, pronto aceptó volver a su partido inicial. Acusado de corrupción y atropellos, no es difícil que Ricárdez reciba más críticas que aplausos.
Esas críticas es lo que le molesta al edil cuestionado, Ricárdez, pues tanto en la radio como en otros medios donde Patricia Pacheco colabora ha criticado la errática administración municipal de Pochutla.
Habría que discutir si un dueño de estación de radio, depositario en concesión del tiempo aire que pertenece en teoría a la nación, debe conservar este privilegio cuando trabaja exactamente en contra de la sociedad a quien debiera servir y por lo cual el Estado le entrega dicha concesión. Discutir también, al menos, si un dueño de estación de radio puede hacer proselitismo político tan clara y abiertamente en su beneficio.
Lo que está claro desde hace mucho es la conjunción de intereses entre propietarios de radio y políticos. Las ligas de Jalil Vargas con el poder le han dado impunidad, eso salta a la vista ahora. Tanto en Pochutla como en Puerto Escondido los atropellos a los derechos de comunicadores y empleados por parte de Jalil están documentados. Larga es esa relación de agravios en la Costa.
Por lo pronto Patricia Pacheco presentó su demanda laboral ante la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 32. Sin embargo, nada asegura que se haga justicia pues hay quienes tienen demanda en contra de Jalil y sus empresas desde 2004 y no avanzan.
Es el caso del ingeniero Francisco Guerrero, técnico de la radiodifusora de Puerto Escondido, quien después de cuatro años de labores fue despedido. El profesionista alega arbitrariedad en su cese, pues ni siquiera le pagaron su antigüedad como establece la ley del trabajo, y desde hace más de cinco años que su demanda jurídica está sin avanzar.
En la Voz del Puerto han pasaron varios gerentes quienes con cualquier pretexto son despedidos, entre de ellos Sadie Martínez, acusado de fraude por Arturo Jalil. Martínez fue corrido sin pagarle ninguna prestación o retiro.
La licenciada Adriana Camacho; Ignacio Vásquez y Javier Hernández, reporteros; Marlen Guerrero y Jessica Carmona, locutoras; la señora Karina encargada de la limpieza; Agustín Pinacho, jardinero, fueron corridos por Marquelia Velázquez (ahora también ex gerente) y Arturo Jalil, sin indemnización.
La denuncia jurídica y pública de Pacheco Guzmán, sobre todo por la falta de calidad humana del empresario radiofónico, al estar la periodista despedida en el noveno mes de embarazo y cuando su contrato de trabajo vencía en el mes de junio, ha dado realce al caso Arturo jalil, sus abusos, la manera tan desenfadada y caprichosa como maneja sus estaciones de radio.
En su demanda, la comunicadora exige el cumplimiento de su contrato, pago de salarios caídos, desde la fecha de su despido, así como el cobro de varias prestaciones laborales que no le fueron entregadas durante los tres años que laboró para la estación, sobre todo de los gastos médicos por el nacimiento de su hijo. De manera especial destaca su solicitud de reinstalación en su empleo, luego del tiempo de reposo después del parto.
En otra circunstancia Patricia Pacheco tendría casi ganado su caso en tribunales, pero la probada influencia del patrón y su documentada y conocida impunidad por sus negocios con el poder, hacen dudar de algo tal elementalmente justo. Estaremos pendientes.

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